Durante casi 15 años, Aurelio Carmona Sandoval ha permanecido al frente de Rutas Unidas Morelos. Un periodo suficiente para aprender de memoria las responsabilidades del cargo… o al menos para saber dónde se realiza la verificación vehicular. Pero parece que la experiencia no siempre viene acompañada del conocimiento. Mientras miles de usuarios pagan un pasaje cada vez más caro con un incremento del 30% aprobado por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, el dirigente sigue enfocando el debate únicamente en las tarifas y los apoyos económicos, como si el resto de las obligaciones simplemente no existieran.
Porque presidir un organismo transportista no significa únicamente negociar aumentos con el Gobierno del Estado de Morelos o buscar facilidades fiscales. También implica garantizar un transporte público seguro, coordinar el ordenamiento vial, mejorar las rutas, impulsar la instalación de cámaras, botones de pánico, combatir el acoso contra mujeres, promover la capacitación de operadores y apostar por unidades menos contaminantes y accesibles. Curiosamente, esos temas parecen viajar en una ruta distinta.
Lo más llamativo es que Morelos cuenta con una legislación clara: toda unidad debe cumplir con la verificación vehicular semestral. Quien incumpla puede enfrentar multas, corralón e incluso perder la concesión. Sin embargo, después de más de una década en el cargo, resulta sorprendente que el propio representante del gremio manifieste desconocimiento sobre aspectos básicos relacionados con este procedimiento, con un total de 900 rutas sin el apego a la ley.
Y mientras tanto, el desgobierno de Margarita González Saravia parece ignorar las necesidades de un sistema de movilidad digno, seguro y moderno; en lugar de exigir que las reglas se cumplan para todos, las críticas apuntan a que la actual administración mantiene una relación cómoda con liderazgos cerrados a cambios reales desde hace años.
Según declaraciones públicas del propio dirigente, incluso existirían gestiones para buscar subsidios que amortigüen las multas en beneficio de algunos concesionarios, en lugar de incentivar el cumplimiento de la ley.
Al final, los ciudadanos terminan respirando las emisiones de unidades antiguas, viajando en un transporte público de Morelos con múltiples carencias y pagando un aumento del 30% a la tarifa mínima del transporte público, vigente desde el 1 de julio de 2026.
