La medida provocó la congelación repentina de fondos y cuentas bancarias, afectando a millones de clientes particulares, empresas e incluso a fondos del Instituto de Previsión Social.
Ante la imposibilidad de acceder a sus ahorros, miles de ciudadanos se han volcado a las calles de Asunción para realizar protestas y vigilias frente a sedes bancarias y al Congreso Nacional.
La indignación popular ha intensificado la presión sobre la administración del presidente Santiago Peña, mientras la oposición política impulsa pedidos de juicio político e investigaciones sobre las irregularidades de la entidad financiera.
