Según el organismo, existen disposiciones cuya redacción resulta poco clara y podría quedar sujeta a criterios subjetivos o interpretaciones discrecionales.
La CIRT también cuestiona el esquema de sanciones y el uso de denuncias anónimas, al considerar que esos mecanismos podrían utilizarse para ejercer presión sobre medios, empresas de comunicación y periodistas. Ante este escenario, pidió a las autoridades abrir una revisión del marco normativo para evitar riesgos que afecten el ejercicio periodístico y el debate público.
