La polémica reforma a la Ley de Telecomunicaciones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado al descubierto un intento por legalizar el espionaje a los ciudadanos a través de un registro obligatorio de telefonía que incluye datos personales y biométricos, todo bajo el pretexto de combatir la delincuencia.
Expertos, académicos y sociedad civil han alertado sobre los riesgos que la llamada Ley Censura implica para la privacidad y la libertad de expresión en México.