La madrugada de este sábado, una jueza determinó la no vinculación a proceso del abogado Carlos Froylán Salazar, quien había sido detenido el pasado 10 de abril en Cuernavaca bajo acusaciones de portación de arma de fuego y narcóticos.
Tras varias horas de audiencia, se ordenó su libertad inmediata al considerar que las pruebas presentadas en su contra carecían de sustento legal y habrían sido presuntamente sembradas por elementos de seguridad estatal bajo el mando del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano del gobierno que encabeza, Margarita González Saravia.
Carlos Froylán Salazar en Morelos se encontraba en asesoría legal al momento de la detención
El caso generó una fuerte reacción dentro del gremio jurídico, quienes denunciaron una grave violación al estado de derecho. De acuerdo con los primeros reportes y material audiovisual difundido, elementos de seguridad estatal sometieron al litigante contra una pared, realizaron una revisión y le retiraron sus objetos personales. Sin embargo, en las imágenes también se observa lo que sería una presunta manipulación de evidencia.
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Las acusaciones han escalado hacia altos mandos del gobierno estatal, incluyendo a la gobernadora Margarita González Saravia, exigiéndole a la mandataria la supervisión de los elementos policiales, quienes actúan en contra de la población y no de los delincuentes.
La liberación de Froylán Salazar no solo pone en duda la actuación policial en este caso, sino que también abre el debate sobre prácticas indebidas como la siembra de pruebas, una acusación particularmente grave que, de confirmarse, implicaría responsabilidades legales para los involucrados.
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