El punto de partida es el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que permite entregar a personas por delitos graves… siempre que también sean considerados crimen en ambos países.
Luego entra la Fiscalía General de la República, que junto a un juez federal debe validar la solicitud. Pero aquí viene el gran obstáculo: el fuero.
Según la Constitución, un gobernador no puede ser detenido sin antes pasar por un desafuero aprobado por el Congreso. Y en casos como el de Rubén Rocha Moya, incluso el Congreso local tiene la última palabra.
En resumen: sin quitarle la inmunidad, no hay detención. Y sin detención, no hay extradición.