Su salida exhibe el costo político de una designación que la gobernadora Margarita González Saravia primero respaldó y después solapó, pese a los cuestionamientos en su contra.
A la presión del magisterio se sumaron los señalamientos del alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, quien acusó a la mandataria de solapar a Franco y denunció presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales durante 2024.
Según la documentación presentada por el edil y atribuida a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron presuntas irregularidades en ocho obras públicas, además de deficiencias constructivas y trabajos que no fueron localizados durante las inspecciones.
Alonso Plascencia también lanzó acusaciones sobre presuntos vínculos criminales de Franco y cuestionó a la auditoría estatal por no advertir observaciones en las cuentas municipales.
La renuncia llegó después de las protestas y en medio de estos señalamientos. Pero el cuestionamiento de fondo permanece: ¿por qué Margarita González Saravia lo designó y mantuvo su respaldo hasta que la presión pública volvió insostenible su permanencia?