Su dimisión exhibe el costo de una designación que la gobernadora Margarita González Saravia impulsó y solapó. A la presión del magisterio se sumaron las denuncias del alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, quien exhibió presuntas irregularidades en ocho obras públicas durante 2024, además de señalar posibles nexos criminales del exfuncionario.














