A un año de la renovación del campo deportivo de la colonia Jardín Juárez, en Jiutepec, trabajos que contemplaron pintura, instalación de luminarias y enmallado perimetral por parte del Ayuntamiento y cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el espacio volvió a ser escenario de violencia. La intervención no fue presentada como una nueva licitación de obra independiente y, pese a tratarse de un sitio utilizado por familias y menores de edad, el lugar carece de cámaras de videovigilancia monitoreadas por el gobierno.
Lo que debía ser una noche deportiva y familiar terminó en un ataque armado contra asistentes a un partido de fútbol la noche del domingo 9 de agosto de 2026.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió mientras se desarrollaba una competencia de fútbol de talacha, con familias y aficionados en las gradas. Testigos señalaron que dos sujetos a bordo de un vehículo llegaron al lugar y dispararon directamente contra los espectadores, para después escapar.
Las víctimas fueron identificadas como José “N”, de 36 años, y José Luis “N”, de 29, quienes resultaron heridos por impactos de bala en las piernas. Un tercer hombre, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, recibió un impacto de proyectil en el pecho y fue trasladado a un hospital particular debido a la gravedad de sus lesiones.
Testigos también denunciaron una presunta demora en la atención de los servicios de emergencia, por lo que algunos de los lesionados habrían tenido que ser trasladados mediante vehículos particulares para recibir atención médica.
La violencia también alcanzó a la colonia Calera Chica, donde la noche del sábado 8 de agosto dos comerciantes fueron asesinados a balazos por sujetos armados que posteriormente huyeron.
Mientras tanto, la única evolución en el “plan de seguridad” ha sido en el nombre, mencionado ahora como un “Operativo Interinstitucional de Máxima Presencia”, que, según autoridades, involucra a los tres órdenes de gobierno y se límita únicamente en recorridos de vigilancia en municipios y calles colindantes, pero sin tener detenidos ni avances en la investigación del caso
En medio de este escenario, el debate vuelve a centrarse en quién debe asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad en espacios públicos, mientras la lista de hechos violentos continúa creciendo en la entidad, un problema que representa uno de los mayores desafíos para el desgobierno de Margarita González Saravia.
