La Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos encuentra sustento en los artículos 4°, 27, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales reconocen la movilidad como un derecho humano que debe garantizarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Asimismo, establecen la obligación de los tres órdenes de gobierno de generar políticas e instrumentos normativos que permitan hacer efectivo este derecho.
Bajo este marco legal, la jerarquía de movilidad coloca en primer lugar a los peatones, seguidos de los ciclistas, los usuarios y operadores del transporte público, el transporte de carga y, finalmente, los usuarios de vehículos particulares. En teoría, esto debería traducirse en banquetas accesibles, ciclovías seguras, transporte público eficiente y una gestión vial que priorice la seguridad de las personas.
Sin embargo, la realidad que enfrentan diariamente miles de automovilistas y peatones en Cuernavaca dista mucho de estos principios. A pesar del discurso oficial sobre movilidad sostenible, el gobierno de Margarita González Saravia no ha logrado implementar una estrategia efectiva que atienda de manera integral el problema del tránsito de vehículos de carga pesada en las principales vialidades de la zona metropolitana de Cuernavaca.
Si bien las autoridades federales plantearon que el transporte de carga con destino al sur del estado utilizara rutas como el bulevar Cuauhnáhuac, la carretera federal a Cuautla y los tramos que atraviesan Ticumán, Tlaltizapán y Jojutla, evitando así el paso por la ciudad de Cuernavaca, esta propuesta ha quedado prácticamente en el papel.
Todos los días, en distintos horarios y especialmente durante las horas pico, tráileres y vehículos de carga continúan circulando por importantes avenidas de la capital morelense, generando congestionamientos viales que afectan la movilidad de miles de ciudadanos. La presencia constante de estas unidades también incrementa los riesgos para peatones y automovilistas, particularmente en puntos de alta complejidad vial como el puente de Tejalpa, el distribuidor vial Jacarandas y el Paso Express de Cuernavaca a la altura de El Polvorín.
La falta de vigilancia, control y aplicación efectiva de rutas alternas para transporte de carga evidencia una brecha entre la legislación vigente y las acciones gubernamentales. Mientras las autoridades del desgobierno de Margarita González Saravia y el coordinador de Transporte, Jorge Barrera Toledo, hablan de una movilidad segura y ordenada, los ciudadanos continúan enfrentando diariamente tráfico en Cuernavaca, retrasos y condiciones que ponen en riesgo su seguridad.
