En Cuernavaca y gran parte de Morelos, miles de trabajadores amanecieron enfrentando una nueva realidad: a tan solo ocho días de la entrada en vigor del aumento del 30% a la tarifa mínima del transporte público, la cual pasará de 10 a 13 pesos, seguirá muy lejos de ofrecer un servicio digno para la ciudadanía.
Mientras los usuarios pagarán más, continúan circulando unidades con evidentes deficiencias: espejos rotos, falta de pasamanos, agujeros en pisos y techos, ventanas sin ventilación adecuada y ausencia de aire acondicionado, incluso durante los horarios de mayor afluencia. A pesar de estas condiciones, las auditorías de calidad y servicio realizadas por personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte la mañana del martes 23 de junio, han generado cuestionamientos, ya que sólo se limitaron a colocar calcomanías con códigos QR para que los usuarios presenten sus quejas por esa vía.
El desgobierno de Margarita González Saravia mantiene una deuda pendiente con la ciudadanía: garantizar el derecho a una movilidad segura, digna y sostenible. Esto implica impulsar un sistema de transporte eficiente que contribuya a la construcción de ciudades más humanas y equitativas, fortalezca la competitividad económica y turística del estado, y asegure un entorno más limpio y saludable para las futuras generaciones de morelenses.
Las obligaciones de las autoridades estatales son claras. Además de mejorar las condiciones físicas de las unidades, deben prevenir y erradicar la violencia sexual en el transporte público y el acoso en el transporte público, garantizando un servicio confiable, seguro y eficiente que funcione como la columna vertebral de la movilidad en Morelos.
Asimismo, persiste la necesidad de actualizar y fortalecer el marco normativo para establecer reglas claras de operación y estándares mínimos de calidad para todos los servicios de transporte, priorizando siempre la seguridad vial y la dignidad de los usuarios.
