Alberto Israel Jasso, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, falleció por suicidio en medio de una denuncia por presunto acoso sexual presentada por una estudiante.
Antes de su muerte, el profesor grabó un video en el que expuso su versión de los hechos. En el mensaje afirmó ser inocente y sostuvo que, en casos de presuntas denuncias falsas, la presunción de inocencia para los hombres se ve vulnerada durante los procesos judiciales. Según su propio testimonio, tomó la decisión de quitarse la vida para evitar la prisión preventiva, la cancelación social y los riesgos relacionados con la delincuencia organizada dentro del sistema penitenciario mexicano.
En el mismo video señaló que, en la práctica, la presunción de inocencia queda anulada frente a este tipo de acusaciones y describió su muerte como un acto de rebelión y sacrificio con la intención de visibilizar lo que consideraba fallas en el sistema de justicia.
La denuncia penal fue presentada el 14 de julio por una estudiante del IEMS y continúa bajo análisis. Las autoridades siguen recabando testimonios y otros elementos de prueba para determinar la veracidad de los hechos denunciados.
De acuerdo con especialistas en derecho penal, cuando una persona imputada fallece, la acción penal se extingue y procede el sobreseimiento del caso, ya que el proceso solo puede ejercerse contra personas vivas. Esto implica que no puede emitirse una sentencia ni continuar la persecución penal en su contra. No obstante, si existieran posibles responsabilidades de carácter civil, las personas afectadas podrían buscar una reparación del daño por esa vía.
Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una segunda línea de investigación para esclarecer la causa de muerte del docente. Como parte de las diligencias, el video póstumo forma parte de los elementos que serán analizados para determinar si existieron amenazas previas o alguna posible inducción al suicidio.
Aunque la edad de la estudiante no ha sido revelada públicamente, el caso se originó en un sistema de educación media superior cuyos estudiantes suelen tener entre 15 y 18 años. En caso de que la investigación concluyera que la denuncia fue deliberadamente falsa, las consecuencias jurídicas para la denunciante dependerían, entre otros factores, de su edad y de las pruebas recabadas. Si fuera menor de edad, no sería procesada conforme al Código Penal aplicable a personas adultas, sino bajo el marco legal correspondiente al sistema de justicia para adolescentes, siempre que se acreditaran los elementos necesarios para ello.
