No es la primera vez que la historia se sacude con una escena así. Es extraña, incómoda y rompe protocolos no escritos, pero ya ha ocurrido. Tras la presunta captura de Nicolás Maduro este 3 de enero de 2026, atribuida a una operación militar de Estados Unidos, el debate internacional volvió a una pregunta tan vieja como el poder mismo: ¿puede un mandatario ordenar la captura de otro jefe de Estado?
De acuerdo con información difundida por el gobierno estadounidense, Maduro habría sido detenido durante un operativo ejecutado de madrugada y trasladado fuera de Venezuela para enfrentar procesos legales por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Casa Blanca confirmó el traslado, sin detallar el lugar de reclusión ni los tiempos judiciales.
Aunque el hecho resulta excepcional, no es inédito. En 1989, el entonces presidente estadounidense George H. W. Bush ordenó la invasión de Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, acusado también de narcotráfico. Noriega fue detenido y juzgado en Florida, marcando un precedente directo de intervención y captura de un jefe de Estado.
Más atrás en el tiempo, en 1865, el presidente Andrew Johnson ofreció una recompensa de 100 mil dólares por la captura de Jefferson Davis, líder de los Estados Confederados, quien fue detenido tras el final de la Guerra Civil estadounidense.
En 2003, bajo el mandato de George W. Bush, fuerzas estadounidenses capturaron al presidente iraquí Saddam Hussein, localizado en un búnker subterráneo cerca de Tikrit, tras la invasión a Irak.
Incluso en contextos menos bélicos, el poder presidencial ha sido clave en capturas de alto perfil. En Guatemala, el entonces mandatario Otto Pérez Molina tuvo un papel relevante en la primera detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en los años noventa, cuando ambos aún no ocupaban los lugares que después los definirían históricamente.
