Esta movilización forma parte de una estrategia federal permanente enfocada en desarticular las redes de complicidad entre funcionarios locales y grupos criminales dedicados a extorsionar a comerciantes, transportistas y empresarios.
El plan contempla la recolección de evidencias sobre posibles actos de corrupción institucional, con el objetivo de que las fiscalías puedan intervenir ayuntamientos, depurar corporaciones policiacas y remover mandos gubernamentales vinculados con actividades ilícitas.
En México, cada vez son más frecuentes los casos en los que autoridades son señaladas por presuntos vínculos con organizaciones criminales, participando directa o indirectamente en delitos como la extorsión.
Esta situación ha provocado un creciente desgaste en la confianza ciudadana hacia la clase política, pues muchas personas consideran que quienes deberían garantizar la seguridad terminan relacionados con los mismos delitos que afectan a la población.
