Desde el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen privados de su libertad en Estados Unidos, acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción. Actualmente enfrentan su segunda audiencia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se han declarado no culpables.
El 26 de marzo de 2026, uno de los temas centrales de la audiencia fue el pago de los honorarios del abogado Barry Pollack. La defensa argumentó ante el juez que Maduro y su esposa tienen derecho constitucional a contar con un abogado competente y de su elección, así como a utilizar los recursos financieros disponibles para cubrir su defensa, los cuales permanecen bloqueados por sanciones estadounidenses.
El juez deberá determinar si es legal permitir el uso de fondos venezolanos para pagar la defensa, mientras la fiscalía sostiene que el exmandatario no puede acceder a recursos del Estado.
La situación abre un debate complejo: si Maduro no puede pagar su defensa con recursos propios ni estatales, usar el abogado público que el sistema judicial estadounidense le asignó o resolver el financiamiento de su representación legal, lo que ha generado cuestionamientos sobre quién debe asumir ese costo.
