Rubén Rocha Moya llegó al gobierno de Sinaloa impulsado desde el corazón del poder, cobijado por el respaldo directo de Andrés Manuel López Obrador y por una maquinaria política que convertía popularidad en votos y lealtades en cargos. Su ascenso en 2021 no solo respondió a méritos propios, sino a una narrativa de recomendación que legitimó su perfil dentro del movimiento oficialista.
Hoy, ese mismo respaldo pesa como sombra. Rocha se encuentra en el radar de autoridades de Estados Unidos por presunta complicidad con el crimen organizado, en un contexto donde Sinaloa sigue siendo epicentro de operaciones del narcotráfico. Durante su gestión, su administración mantuvo una alineación constante con el gobierno federal, lo que refuerza cuestionamientos sobre la falta de contrapesos.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Rocha habría estado vinculado a una red de protección al Cártel de Sinaloa, enfrentando acusaciones graves como conspiración para el tráfico de drogas, posesión de armas de alto poder y colaboración con estructuras criminales.
Aunque el gobernador rechaza los señalamientos, el golpe es político: el capital que lo llevó al poder hoy se erosiona bajo sospechas que difícilmente pueden ignorarse.
