La discusión sobre la nueva reforma electoral ha reavivado un viejo fantasma en la política mexicana: el del poder concentrado en un solo partido. Sus críticos advierten que, bajo el argumento de la austeridad, se esconde un rediseño institucional que podría debilitar los contrapesos construidos durante décadas. La referencia inevitable es 1976, cuando José López Portillo llegó a la Presidencia como candidato único, en un escenario dominado por la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional.
Hoy, el señalamiento apunta a que reducir presupuesto y estructura del Instituto Nacional Electoral no es una simple medida administrativa, sino un golpe al árbitro electoral que costó años de reformas y consensos ciudadanos consolidar. Para los opositores, debilitar al INE abre la puerta a una competencia desigual y erosiona la confianza en los comicios.
El argumento oficial gira en torno al ahorro. Sin embargo, las voces críticas cuestionan la coherencia de esa narrativa al contrastarla con los sobrecostos de megaproyectos como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, además de los millonarios apoyos destinados a Petróleos Mexicanos. La pregunta que surge es inevitable: si el problema es el gasto, ¿por qué el ajuste se concentra en el sistema electoral y no en proyectos que han multiplicado su costo original?
