Las complejidades de proteger los símbolos culturales y religiosos bajo las normativas de propiedad intelectual son un enredo enorme. Y sí, ni la Virgen de Guadalupe se salva de ese laberinto legal. Los derechos sobre su imagen —incluyendo la producción y venta de mercancías— abren un debate profundo sobre quién puede gestionar y poseer un símbolo que forma parte del corazón identitario de un país.
La Virgen de Guadalupe surge en 1531, en la Nueva España. Sin embargo, fue hasta mediados del siglo XVII cuando su presencia se convirtió en un símbolo capaz de cruzar fronteras, transformándose en la primera aparición mariana con impacto global. Entre sus milagros más recordados están su participación simbólica durante la inundación de 1629 y la peste de 1736, momentos que consolidaron su papel como patrona y figura central del mundo novohispano.
A finales del XVII, el pintor mulato Juan Correa fue elegido para crear el primer calco oficial del ayate. El proceso era casi ceremonial: tiras de papel aceitadas, líneas calcadas con precisión milimétrica y un respeto absoluto por cada detalle del original.
Pero el giro inesperado llegó en 2002, cuando el empresario chino Wu You Lin descubrió que la imagen no tenía registro. Se presentó ante el IMPI, pagó 2,112 pesos y, legalmente, la imagen mariana más querida del país quedó a su nombre. Durante años, ni iglesias ni devotos podían utilizarla sin autorización. El empresario aprovechó el vacío legal para comercializarla, generando polémica sobre la mercantilización de un símbolo espiritual y cultural profundamente arraigado en México.
