De acuerdo con la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, la privación de la libertad —conocida como internamiento juvenil— solo puede aplicarse como último recurso y exclusivamente en casos de delitos graves. Entre los delitos que ameritan esta medida se encuentran:
- secuestro
- trata de personas
- terrorismo
- extorsión agravada
- delitos contra la salud
- homicidio doloso
- violación sexual
- lesiones dolosas que pongan en riesgo la vida
- robo con violencia.
Las personas adolescentes en conflicto con la ley son aquellas a quienes se les atribuye la comisión o participación en un delito mientras tenían entre 12 y 17 años. Antes de que un juez determine su culpabilidad, pueden imponerse medidas cautelares con el objetivo de proteger a víctimas o testigos, garantizar la investigación y asegurar la comparecencia del menor durante el proceso.
En estos casos, el internamiento preventivo es la única medida cautelar posible, y su aplicación depende directamente del tipo de delito cometido y de la gravedad de los hechos.
De acuerdo con expertos en justicia penal juvenil, muchos adolescentes que cometen delitos graves provienen de entornos familiares violentos, marcados por abuso físico, psicológico o sexual, y de comunidades con altos índices de criminalidad, lo que evidencia la importancia de la prevención social y la atención integral a la juventud.
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