Nueve días después de la solicitud de entrega contra Rubén Rocha Moya, el gobierno mexicano mantiene silencio y resistencia. Ni las advertencias del departamento de justicia de Estados Unidos ni el mensaje de Donald Trump han provocado una reacción desde palacio nacional. En Estados Unidos aseguran que existen más órdenes de aprehensión contra políticos presuntamente ligados al narcotráfico, entre ellos el senador Enrique Inzunza. El tema ya no sólo involucra al cártel de Sinaloa, si no a otras organizaciones criminales consideradas terroristas por Washington.
Frente a este escenario, colectivos ciudadanos protestaron frente a Palacio Nacional para exigir que el gobierno deje de proteger a funcionarios vinculados con el crimen organizado.
