Todo comenzó después de que Ulises Bravo, hermano del exmandatario, acusara a la gobernadora Margarita González Saravia y al jefe de la oficina de la gubernatura, Javier García Chávez, de persecución política y de intervenir en el proceso judicial que enfrenta por una denuncia presentada por su expareja.
Al responder a esos señalamientos, la gobernadora negó cualquier intervención de su administración y sostuvo que Cuauhtémoc Blanco y su hermano “ya tuvieron su tiempo para gobernar”, además de afirmar que carecen de autoridad moral para cuestionar a su gobierno.
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