¿Y el cambio? Solo en el discurso; la doble moral de Morena con prácticas represivas
Criticaban abusos desde la oposición, hoy los institucionalizan desde el poder. Morena olvidó el discurso cuando se volvió cantinero.”
El dicho popular “No es lo mismo ser borracho que ser cantinero” refleja con precisión la realidad de la política mexicana.
En la oposición, los discursos son contundentes y críticos; en el gobierno, las acciones muchas veces contradicen esos principios. Un claro ejemplo de esta doble moral es la postura de Luisa María y otros voceros que antes alertaban contra leyes invasivas en materia de seguridad, y que hoy avalan reformas similares impulsadas por su propio partido, Morena.
Cuando Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa para permitir que diversas instancias de seguridad, desde ministerios públicos hasta el Ejército, realizaran geolocalización en tiempo real, bloqueo de señales y almacenamiento masivo de datos sin una investigación previa, la sociedad reaccionó indignada.
Ocultaron el rostro autoritario hasta que el poder los consumió
Luisa María, entonces opositora, cuestionó con firmeza: “¿En qué país existen leyes en telecomunicaciones con técnicas de investigación más intrusivas que la propia ley penal? Solo en México”.
Sin embargo, ese mismo país que antes criticaba, hoy vive una realidad peor. Morena aprobó leyes que amplían aún más esas facultades, bajo el argumento de fortalecer la seguridad pública, pero que inevitablemente erosionan derechos ciudadanos y garantías constitucionales.
Lo más llamativo es el cambio de postura de personajes como Jesús Ramírez Cuevas, quien en la oposición alertaba sobre la instauración de “una dictadura” al usar al Ejército como fuerza policiaca, señalando que esto “contraviene la Constitución y la historia democrática del país”. Hoy, como vocero minimiza esos riesgos y justifica la permanencia militar en las calles, renunciando a los discursos previos.
Andrés Manuel López Obrador también ejemplifica esta contradicción. En campaña prometió retirar al Ejército de las calles, argumentando que la pobreza y la marginación eran el verdadero problema, no la militarización. Sin embargo, una vez en el poder, prorrogó y legitimó la presencia militar en tareas de seguridad pública, pese a que la Constitución establece límites claros para esa participación.